El coste de Kioto incita a la deslocalización

Ediciones Cemento

La Asociación Europea de Fabricantes de Cemento (Cembureau) ha solicitado al Boston Consulting Group la elaboración de un informe que analice el impacto que tendrá sobre la industria cementera europea el esquema de reparto de derechos de emisión que se está definiendo actualmente en Europa para el periodo 2013-2020, cuyo objetivo es reducir las emisiones industriales un 21% en 2020 respecto a las de 2005.

Este objetivo, aún sin especificar sectorialmente, requerirá un gran esfuerzo adicional por parte del sector cementero, puesto que el 60% de nuestras emisiones provienen del proceso de producción debido a la descarbonatación de la caliza. En este sentido, es preciso destacar que en los últimos años las empresas europeas ya han acometido importantes planes de inversión, con el objetivo de implantar las mejores tecnologías disponibles para mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones de CO2 y optimizar el proceso de producción.

La principal conclusión de este informe, realizado con datos públicos y objetivos, es que el sector cementero español se verá abocado a la deslocalización si tiene que pagar más de 23 euros por tonelada de CO2 emitida. Según el escenario en el que se está trabajando actualmente para el periodo post Kioto, sólo el 80% de las emisiones totales de CO2 que se generen en el año 2013 serán gratuitas, mientras que el 20% restante deberán comprarse en subasta. Este planteamiento irá reduciendo anualmente los porcentajes gratuitos hasta que en el año 2020 el 100% de las emisiones se paguen al precio que estipule el mercado de derechos de emisión mediante una subasta dirigida por los diferentes Estados.

El coste de alcanzar este reto para las cementeras europeas representa, según la consultora BCG, 10.000 millones de euros de valor añadido bruto, una pérdida de negocio de 28.000 millones de euros y la eliminación de 50.000 empleos directos.

Además, en el supuesto de que esta industria pudiera repercutir completamente el coste de CO2, hipótesis poco realista, seguiría siendo vulnerable a la deslocalización porque el cemento y el clínker están expuestos a la competencia internacional de países no sujetos a las directrices del Protocolo de Kioto y que representarían emisiones innecesarias de CO2, originadas por el transporte de las importaciones.

La industria europea es la más exigente medioambientalmente, pero debemos tener en cuenta que el sector tendrá producir el cemento que necesite, demanda que se va a incrementar de aquí a 2020.

Las cementeras, que son intensivas en energía, aceptan su responsabilidad compartiendo los objetivos de la Unión Europea en la reducción de emisiones, pero consideran necesario que el marco legislativo favorezca la continua inversión en investigación e innovación tecnológica de modo que se pueda abordar el cambio climático con la mayor eficacia posible. Desde la industria proponemos algunas medidas como establecer un impuesto medioambiental para los productos que vengan de países no firmantes del Protocolo de Kioto y permitir un mínimo de emisión gratuita para el sector de 0,85 toneladas de CO2 por tonelada de clínker.