El consumo de cemento en Cataluña acumula 10 meses consecutivos de descenso

Jonathan Gil

28 febrero 2024

El mercado del cemento en Cataluña ha comenzado 2024 igual que cerró 2023: con una caída notable en los volúmenes de consumo, producción y exportaciones. Las estadísticas recogidas en enero indican un descenso del 5,8% del consumo, que se queda en 171.000 toneladas y acumula ya 10 meses consecutivos de reducción. Esta cifra eleva al 10,2% la caída del consumo en términos anuales. También las ventas en los mercados exteriores siguen el mismo patrón: descenso del 28,9% en enero y del 10,2% en el conjunto de los últimos 12 meses.

La mala coyuntura del mercado se añade a las dificultades que debe superar el sector para alcanzar los objetivos de descarbonización definidos en la ‘Hoja de ruta para alcanzar la neutralidad climática en 2050’. Salvador Fernández Capo, presidente de la patronal Ciment Català, recuerda que las fábricas de cemento “ya han reducido más de un 40% las emisiones de CO2 desde 1990” pero que para llegar a un balance cero de emisiones en 2050 “habrá que asumir un importante esfuerzo económico, especialmente con la implantación de mecanismos de captura, almacenamiento y uso del dióxido de carbono, las conocidas como tecnologías CAUC”.

Por ello, reclama el apoyo decidido de la Administración pública “tanto en forma de ayuda financiera a estos proyectos como para que establezca un marco regulatorio claro” que asegure el retorno de las inversiones que tendrán que realizar las empresas. La lucha contra el cambio climático, dice Fernández Capo, “es un compromiso compartido por nuestra industria y por los poderes públicos. Necesitamos avanzar juntos”.

Esta demanda en la Administración pública se suma a la de la puesta en servicio de una ventanilla única para la tramitación de permisos relacionados con la descarbonización del sector. Ahora, cada OGAU (Oficina de Gestión Ambiental Unificada) en el territorio funciona de forma diferente, pero las necesidades del sector son únicas. Resulta necesario unificar y clarificar trámites y doctrina sobre cada proceso de solicitud de cambio que puedan realizar las fábricas. Y también homogeneizar los plazos de respuesta a cada petición.

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