La Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP) ha llegado a un acuerdo con AENOR y Applus, dos de los mayores organismos de control, para impulsar el control de producción en el sector. Un convenio que surge fruto de la necesidad de un censo para el registro del cumplimiento del Real Decreto 163/2019, que aprobó la Instrucción Técnica de Control de Producción.

“Agradecemos vivamente a AENOR y a Applus su total colaboración para con este objetivo, que se plasma en este acuerdo de colaboración para facilitar el acceso a esta información a cualquier interesado”, señala Carlos Peraita, director general de ANEFHOP. “Estamos muy contentos con este primer paso, y esperamos que muy pronto otros organismos de control se unan a esta iniciativa”, añade.

Desde que en julio de 2019 se aprobase la Instrucción, en ANEFHOP se ha trabajado con denuedo para que el cumplimiento en el sector fuese total. En esta labor, a la que se está dedicando mucho tiempo y esfuerzo, la organización sectorial se ha encontrado con una dificultad añadida: la no existencia de un censo centralizado de certificados donde poder consultar la disponibilidad o no de los mismos por parte de los productores. Esta herramienta es fundamental, a juicio de ANEFHOP, para poder hacer un seguimiento adecuado del cumplimiento de esta normativa legal para que no se genere confusión al respecto y para que, en definitiva, los consumidores puedan verificar la disponibilidad, autenticidad y vigencia de dichos certificados.

Es por esta razón por la que se ha llegado a este acuerdo con AENOR y Applus mediante el cual se va a introducir un buscador de certificados en la web de ANEFHOP, que facilite la búsqueda y permita conocer qué plantas están certificadas.

Hoy en día, todas las empresas de la asociación poseen el certificado en cada una de sus plantas, y se ha convertido en un requisito imprescindible para formar parte de sus miembros. Con esta exigencia se pretende alcanzar los objetivos que se marca la propia organización: asegurar la calidad del producto y evitar la competencia desleal, promoviendo que aquellas plantas que incumplen la normativa en vigor no puedan ejercer la actividad.