Editorial

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Ediciones Cemento, S.L.U.

Transcurrido algo más de un año desde el inicio de la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina, también denominada ‘mal de las vacas locas’ en España, el sector cementero se encuentra en condiciones de hacer una evaluación inicial de su papel.

Con la prohibición de usar las harinas animales como alimento para el ganado en diciembre de 2000, surge la amenaza de la paralización de la cadena de producción de la carne. Ante la gravedad e inminencia del problema el Ministerio de Agricultura decide cofinanciar al 50% la gestión de los subproductos cárnicos a las Comunidades Autónomas, que son las autoridades competentes en materias agrarias y medioambientales, y que pagaban el otro 50%.

En enero de 2001, con la firma de un primer Acuerdo entre Oficemen y el Ministerio de Agricultura, y otros en varias Comunidades Autónomas, el sector se pone a disposición de la administración para destruir en condiciones medioambientales óptimas las harinas animales retiradas de la cadena alimentaria, mostrando su voluntad de colaboración con la sociedad y el entorno (ver número de enero de 2001 de Cemento Hormigón). El sector pone en marcha su capacidad técnica y profesional para adaptar sus instalaciones con éxito. Sólo un sector dinámico, actualizado y comprometido es capaz de emprender esta serie de inversiones (unos 2.200 millones de pesetas hasta la fecha) con las incertidumbres que se cernían sobre la futura gestión de las harinas animales.

De hecho, algunas Comunidades Autónomas optaron por otras opciones para gestionar las harinas por ser más baratas aunque ambientalmente discutibles, como el vertido, que fue la opción mayoritaria durante el año 2001. Esto ha provocado que el ritmo actual de destrucción de harinas en hornos de cemento sea de unas 40.000 toneladas al año, pese a tener una capacidad instalada de más de 200.000. Otras opciones planteadas por algunos colectivos, como el compostaje, han sido descartadas por motivos obvios basados en el principio de precaución. El panorama de cara al año 2002 presenta los siguientes cambios:

En primer lugar, con la publicación del Real Decreto 1481/2001 sobre vertido de residuos, el gobierno plasma su compromiso de corregir las deficiencias en las condiciones de los vertederos y de reducir la cantidad de vertidos, especialmente de materiales orgánicos, de acuerdo a las directrices europeas. Las Comunidades Autónomas deberán responsabilizarse de que los vertidos no se realicen tan económica y alegremente como hasta ahora.

En segundo lugar las experiencias en las 13 fábricas que han valorizado harinas animales en España confirman que las emisiones del horno de cemento no se ven afectadas negativamente por sustituir parte de su combustible por este tipo de material orgánico, tal y como se venía observando en otros países europeos. Tanto las Administraciones autonómicas como organismos investigadores independientes han realizado evaluaciones y estudios en este sentido. Sus conclusiones ayudarán a convencer a algunas autoridades locales que por ahora no han querido colaborar en la solución de la crisis debido a la alarma infundada generada por algunos colectivos en sus municipios.

Y finalmente la principal novedad, que es que tras la retirada de las subvenciones desde enero de este año, el Ministerio articuló los mecanismos para que el coste de la gestión de los subproductos cárnicos sea trasladado al consumidor final. Mediante la firma de un Acuerdo Marco el 17 de enero, representantes de ganaderos, transformadores, distribuidores y cementeras, se comprometían a normalizar y mantener la competitividad en la cadena alimentaria cárnica. Así, desde finales de enero, cuando el consumidor compra un kilo de carne, está pagando unas 4 ó 5 pts. más para cubrir el coste de: retirada de los despojos de los mataderos, transporte hasta los centros de transformación, correcto tratamiento de los mismos (que incluye esterilización y transformación en harinas), y finalmente transporte de las harinas hasta cementera y destrucción a 2000º en el horno de cemento (representando esto último menos de 1 pta. por kilo de carne).

Puesto que el consumidor está pagando ya la solución designada por el Ministerio de Agricultura por ser la más eficaz y segura medioambientalmente, es de esperar que las autoridades autonómicas competentes fomenten que se ponga en práctica dicha solución y se evite el vertido, decisión que ha sido tomada ya en varios estados europeos y en varias Autonomías españolas. Por ahora, la Asociación de industrias transformadoras de harinas cárnicas (ANAGRASA) ha firmado el 25 de febrero un Acuerdo con Oficemen por el que se compromete a fomentar que sus empresas asociadas envíen para su destrucción las harinas a las cementeras con el dinero que reciben de la cadena cárnica, aunque el vertido les resulte más barato.

Este panorama permite confiar en que a lo largo del año se aproveche en mayor medida la capacidad instalada de destrucción de harinas en las fábricas de cemento, permitiendo al sector mostrar a los agentes sociales su compromiso, su responsabilidad y su potencial como valorizador de residuos.

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