Kyoto, un reto para la industria y para el ciudadano

Ediciones Cemento, S.L.U.

El pasado mes de abril el Congreso de los Diputados aprobó la ratificación del Protocolo de Kyoto, que la Unión Europea llevará a cabo el próximo mes de agosto. La UE se compromete a reducir en un 8% sus emisiones de gases de efecto invernadero, de los cuales el principal es el CO2, para los años 2008-2012, tomando como base las emisiones de 1990. Mediante el “Acuerdo de Reparto de Cargas” España, dado su menor nivel de desarrollo, puede incrementar hasta un 15% sus emisiones. Dado el crecimiento económico de nuestro país en los últimos años, este objetivo se revela como difícil de cumplir, y es necesario que el Gobierno defina cuanto antes la estrategia nacional al respecto, centrando sus esfuerzos allá donde las reducciones sean más efectivas con respecto al coste implicado.

Las emisiones de CO2 provienen principalmente del transporte y del uso de la energía en los edificios, por lo que su disminución requerirá un conjunto de medidas, especialmente enfocadas al ciudadano usuario de dichos servicios. En cuanto a los sectores industriales, éstos deben realizar también su aportación al cumplimiento de los objetivos del Gobierno, sin dejar de lado su compromiso de abastecer de bienes a la sociedad y contribuir al crecimiento económico de España hacia niveles convergentes con el resto de la UE.

Con el objeto de fomentar las reducciones de las emisiones de la industria, la Comisión Europea ha propuesto una directiva por la que se establece un sistema de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero, que comenzaría afectando a cuatro grandes sectores de actividad industrial, entre los que se encuentra el de fabricación de cemento. Se propone que en cada período se repartan unas cantidades a emitir para cada instalación, con lo que si se produce más de lo estimado, habrá que comprar créditos para las emisiones en exceso, que pueden equivaler, por los estudios de la Comisión, a un 40% del precio del cemento. En torno a esta propuesta faltan muchos aspectos por definir, sobre todo de coordinación con otros mecanismos contra el cambio climático actualmente a debate, y otras medidas como la fiscalidad energética. Lógicamente, en el seno del sector cementero existe una gran preocupación, motivada principalmente por tres hechos:

• Desde el año de referencia del Protocolo, 1990, la fabricación de cemento ha tenido un crecimiento espectacular para satisfacer las necesidades de un país en crecimiento como España (aumento de producción del 44% entre 1990 y 2001). Esto va asociado directamente a incrementos en sus emisiones de CO2, por encima del compromiso asumido por España de aumentar sólo el 15% entre 1990 y el período 2008-2012, que deben ser tenidos en cuenta por el Gobierno.
• Es evidente que, de alguna manera, la directiva impondrá una traba al crecimiento económico de los sectores afectados, que paradójicamente será mayor para los que por haber hecho ya grandes esfuerzos en la mejora de su eficiencia energética tienen poco margen de maniobra. En el caso de nuestro sector, la energía consumida por tonelada de cemento se redujo un 22% entre 1975 y 1990, año de referencia para las reducciones.
• De los sectores afectados, la industria de fabricación de cemento tiene poco valor añadido por tonelada de CO2 emitida. Además el cemento es un material básico en competencia en un mercado global. Esto hace que la compra de créditos de emisión afectaría su competitividad en mayor medida que a otros sectores, y puesto que el número de créditos de emisión en el mercado será limitado y su precio tenderá probablemente al alza, al no poder comprarlos el sector tendrá que disminuir la producción. El resultado final será que se importará este producto fabricado en países extracomunitarios con menor eficiencia energética; las emisiones globales de CO2 aumentarán, y el tejido industrial de la UE se debilitará.

Oficemen es partidario de esquemas de tipo voluntario más flexibles, donde las empresas puedan elegir, de acuerdo con el Gobierno, el modo de cumplir sus compromisos respecto a las emisiones. En sectores como el de fabricación del cemento, un mecanismo adecuado para contribuir a alcanzar los objetivos de Kyoto sería la negociación de Acuerdos Voluntarios sobre las emisiones entre el sector y la Administración española. En países como Bélgica, Francia, Alemania o Reino Unido, la industria cementera y la administración han llegado a acuerdos de este tipo con resultados muy positivos. Puesto que cada Estado Miembro ha asumido un compromiso respecto a sus emisiones , cada Estado Miembro debería tener competencias y capacidad para el cumplimiento de dichos objetivos. El pretender imponer la carga de reducción sobre la industria antes incluso de definir la estrategia global sería, aparte de tremendamente injusto, muy peligroso para la competitividad de la UE, máxime teniendo en cuenta que otros grandes emisores, como Estados Unidos, no tienen claro que vayan a asumir el mismo coste al que nos enfrentamos en Europa.

Por ello, el sector cementero español considera que puede ser positivo avanzar en experiencias de mercado de emisiones, pero no de forma obligatoria para todas las empresas de los sectores que más han reducido en el pasado, y no sin acompañar esta iniciativa de un trabajo coherente, previsor, y responsable por parte de cada Estado Miembro, en colaboración con todos los agentes emisores.