Las repercusiones de Kioto

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Rafael Fernández Sánchez
Director General de Oficemen

España continua siendo líder europeo tanto en consumo como en producción de cemento. El gran empuje que la construcción está dando al desarrollo económico del país se traduce en un crecimiento consistente del cemento desde el año 1997. El año pasado, el ratio del consumo se situó por encima de los 50,4 millones de toneladas.

En 2006, el número de viviendas finalizadas aumentará entre un 4% y un 6%. Aunque este año el aumento de edificación residencial será inferior al acontecido en 2005, en España se comenzarán a construir durante 2006 más de 700.000 viviendas. Todo ello a pesar de un contexto macroeconómico que empieza a ser desfavorable, sobre todo por la segura subida en los tipos de interés por parte del BCE y el consiguiente encarecimiento de las hipotecas.

A este empuje del sector residencial hay que sumar los proyectos incluidos en el ambicioso Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 2005-2020 que el Ministerio de Fomento ha puesto en marcha y que prevé una inversión de casi 250.000 millones de euros. En él, se recogen obras de gran envergadura tanto en carreteras, puertos, aeropuertos como en la red ferroviaria. En el caso de la mejora de la red de carreteras, obras que destinan importantes consumos de cemento, Fomento destinará 62.785 millones de euros. A medio plazo, por tanto, la demanda para la industria cementera está asegurada.

Por lo tanto, es obvio que las preocupaciones de Oficemen no se centran en la incertidumbre de la evolución económica del sector. Sin embargo, se plantea un nuevo escenario con la aplicación del Protocolo de Kioto que puede perjudicar de manera grave a toda la industria si no se toman las medidas adecuadas.

El 2º Plan Nacional de Asignación del Gobierno (2008- 2012) establece que España podrá emitir, como máximo, un 24% más de CO2 que en 1990. Cantidad lejana de las necesidades del sector, para el que se prevé un desarrollo sostenido del 4% en los próximos años. Los últimos datos revelan que las emisiones de CO2 en el conjunto del país sobrepasan en un 53% las del año de referencia. Y todo ello pese a que, en concreto, el sector cementero ha reducido en los últimos 25 años un 40% sus consumos energéticos, lo que nos sitúa a la cabeza del ranking mundial en cuanto a eficiencia energética, a la altura de Japón y Corea. España es el país de Europa que produce más cemento y, además, el que lo hace de manera más eficiente.

El sobrecoste que originaría una asignación insuficiente en la producción del cemento, puede dibujar un escenario futuro que perjudica de manera grave a las cementeras que operan en el país y que podría traducirse en un desplazamiento de la industria a terceros países no firmantes del Protocolo o en la entrada masiva de clínker de esos países. Existen varios mecanismos para compensar la asignación establecida. Por un lado, se puede acudir al mercado europeo de derechos de emisión, donde adquirir hoy día una tonelada de CO2 cuesta cuatro veces más que en 2002, fecha de creación de este mercado.

Otra manera de subsanar el desequilibrio entre asignación y emisión real de la que dispone la industria cementera es invertir en proyectos de desarrollo limpio (CDMs) en industrias localizadas en países en vías de desarrollo o del Este de Europa. Se estima que estos proyectos generarán derechos de emisión a las empresas inversoras en un plazo de 5 a 7 años, por lo que los derechos generados sobrepasarán el periodo 2008-2012. Además, no es seguro que estas partidas destinadas se traduzcan en derechos de emisión, ya que hay una exposición considerable a que diferentes elementos exógenos, como la inestabilidad política o judicial, perjudiquen los proyectos.

Otra vía, con menos riesgos, es participar en el fondo de carbono español. A un precio previsto de alrededor de 7 euros/t de CO2 –en el mercado es de unos 28 euros en la actualidad-, sería una alternativa coherente. Sin embargo, mientras que el fondo español de carbono sólo permite licitar en un primer tramo 50 millones de euros, los sectores afectados han solicitado 126 millones de euros, por lo que el margen de derechos es, a todas luces, insuficiente. La consecuencia de todo esto parece obvia: encarecimiento en la producción de cemento que, con casi toda seguridad, desplazará la industria hacia países que no tienen que cumplir con Kioto, como Egipto, Turquía o China, y que cuentan con unos estándares de producción muy alejados de nuestras plantas.

Las emisiones de CO2 a la atmósfera en la industria cementera española son prácticamente irreducibles, ya que el 60% del total son de proceso. Tampoco es conveniente olvidar que, del total de emisiones que se producen en la actualidad en España, al sector industrial (excluido el eléctrico) sólo se le puede atribuir un 17%. El sector cementero español es muy eficiente y competitivo y una mala asignación trasladaría producción a otros países menos eficientes, lo que redundaría en una pérdida de competitividad de nuestra industria. Todos los esfuerzos están dirigidos a que las fábricas cuenten con las mejores técnicas de producción para que esa cifra sea aún menor y, así, contribuir en la medida de nuestras posibilidades al respeto de nuestro entorno. Pero nada de esto tendrá ningún valor si no existe una conciencia global entre todos los que formamos parte de esta sociedad (emisiones domésticas, tráfico, etc).

En cualquier caso, el sector cementero aspira a obtener una asignación de emisiones que cumpla las expectativas de crecimiento planteadas y que no perjudique un concepto tan manido en nuestro tiempo pero que no deja de señalar aquello a lo que cualquier industria debe siempre aspirar: la competitividad.

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