La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por ANFAC, AOP, ASPAPEL, FEIQUE, FIAB, OFICEMEN, PRIMIGEA, SERNAUTO y UNESID, solicita a las diferentes formaciones políticas que, de cara a la próxima legislatura, se dé máxima prioridad al impulso de la industria, tanto por su peso específico en la generación de riqueza y empleo de calidad, como por su carácter netamente exportador y su potencia inversora en investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Para ello, es necesario contar, señalan desde la Alianza, en primer lugar, con una gobernanza de la política industrial eficaz y coordinada entre los distintos departamentos ministeriales y administraciones competentes que garantice un mayor alcance de las medidas que se desarrollen para mejorar la competitividad de las empresas industriales.

La industria proporciona el motor más sólido y estable en una economía y sociedad avanzada. En España genera hoy el 15,3% del PIB de forma directa y el 40% del PIB si consideramos sus efectos indirectos e inducidos en la actividad económica general y en la demanda de proveedores y servicios avanzados, alcanzando un valor añadido global de 490.000 millones de euros. Asimismo, la industria es el mayor inversor en I+D+i y genera el 87% de las exportaciones de bienes (por valor de 340.000 millones €), factores claves para el crecimiento de la economía española que impacta en sus ciudadanos.

Pero, además, la actividad industrial genera de forma directa 2,8 millones de puestos de trabajo (el 13,6% del total de ocupados del país) y 7 millones de empleos considerando los efectos indirectos e inducidos. Es decir, en España, casi el 35% del empleo depende de la industria, siendo el sector que genera mayor empleo de calidad en términos de salario, estabilidad e inversión en formación respecto a cualquier otra área de actividad de la economía española.

A pesar del peso de la industria en el conjunto de la economía española y de las declaraciones en favor de una sólida base industrial en España, es necesario abordar cambios en el entorno regulatorio para favorecer la inversión empresarial en la industria, reclaman desde la Alianza. “Ésta se ve con frecuencia lastrada por importantes retrasos administrativos en los procesos de autorización e inseguridades jurídicas, así como por una sobrerregulación a cuatro niveles: europeo, nacional, regional y local”, señalan desde la organización sectorial. Adicionalmente, la industria europea se está viendo amenazada por las nuevas medidas norteamericanas (IRA) y la española en particular, por la reacción europea a las mismas, lo que convierte en un gran reto el mantenimiento de la inversión industrial en España.