La actividad de la industria catalana del cemento sigue bajo mínimos un año más, después de que las magnitudes de producción, consumo y exportaciones de 2022 se hayan mantenido prácticamente inalterables respecto al año anterior. El pesimismo instalado en la industria tiende a prolongarse, dado que las expectativas para 2023 son negativas, ya que se prevé una ligera caída del mercado.

En el momento de pasar balance al ejercicio cerrado, el presidente de la patronal Ciment Català, Salvador Fernández Capo, atribuye a “la falta de ejecución de obra pública” la crisis que vive el sector. Durante los últimos años, el importe de las licitaciones en Cataluña ha sido insuficiente y siempre muy alejado de la media histórica y de las necesidades objetivas del país. En 2022 se ha producido la paradoja de que ha habido un aumento de cerca del 25% en el volumen de licitaciones, pero “la falta de ejecución -por la falta de diligencia de las diferentes administraciones, por los concursos desiertos o por la paralización de los proyectos debido al incremento de costes- ha mantenido en cota baja la actividad del sector“.

Las fábricas acumulan 11 años seguidos de estancamiento, con volúmenes de producción y ventas mínimos. En el año récord de 2007 la producción rozó los 10 millones de toneladas, y el consumo se encaramó hasta casi los 9 millones de toneladas. El estallido de la burbuja inmobiliaria y la falta de inversión pública llevaron a un hundimiento de las magnitudes, que pasaron a estar entorno a 3 y 2 millones de toneladas respectivamente. Y en ese mismo nivel se encuentra el sector a finales de 2022.

Para contextualizar esta situación, Fernández Capo recuerda que “en el mismo período, el PIB catalán ha remontado un 20%”, una recuperación que no ha llegado a la industria del cemento. Esto ha llevado al consumo anual per cápita a Cataluña a quedar por debajo de los 300 kg, cuando la media de la Unión Europea supera los 400. “La conclusión es obvia”, afirma el presidente de Ciment Català, “este menor consumo de cemento se explica por la falta de inversión en infraestructuras. Y la consecuencia es que el conjunto de la sociedad y de la economía del país se resiente: las autopistas están a menudo colapsadas, la red ferroviaria de Cercanías acumula problemas derivados de la falta de mantenimiento, siguen pendientes de hace mucho tiempo la construcción de los accesos viarios y ferroviarios a los Puertos de Barcelona y Tarragona, el desdoblamiento de la N-340, la conversión a ancho de vía mixto del corredor ferroviario Castelló-Tarragona, la finalización de las líneas de Metro L9 y L10…”. Todas estas obras son esenciales para que el país sea competitivo y para la propia continuidad de la industria.

Fernández Capo asegura que “ha sido un año muy complicado. La invasión de Ucrania ha traído mucha incertidumbre económica y ha venido acompañada de un crecimiento exponencial de los costes energéticos y de la inflación, que han afectado muy negativamente a los márgenes del negocio del cemento y del hormigón”. Por último, recuerda que para la industria catalana del cemento, las exportaciones son una parte muy importante de la producción y, por tanto, es fundamental que contemos con las mismas condiciones que nuestros competidores”.

Colaboración con la Generalitat
Ante este cúmulo de adversidades, la patronal ha multiplicado su actividad institucional para concienciar a las administraciones públicas de la necesidad de cambiar de estrategia, y de promover inversiones que ayuden a mantener el tejido industrial y el progreso de la sociedad.

Durante las primeras semanas de enero, delegaciones de Ciment Català encabezadas por el presidente y el Consejo Directivo han mantenido sesiones de trabajo con los consejeros de la Generalitat Roger Torrent (Empresa y Trabajo) y Juli Fernández (Territorio) para exponer la situación del sector y pedir apoyo a las empresas por la vía de una mayor disponibilidad y autorización de combustibles alternativos, el incremento de tasas para verter residuos que favorezca el aprovechamiento material y energético de los residuos, acciones para contener el precio de la electricidad, la supresión del nuevo impuesto de emisiones de GEI que se ha anunciado -ya que se superpone con el mercado de emisiones-, y la defensa legislativa y parlamentaria de la industria en su conjunto.

En paralelo, las empresas fabricantes de cemento mantienen su compromiso por la descarbonización, la economía circular y la minimización del consumo de recursos materiales y energéticos que comprometan la lucha contra el cambio climático, tal y como se expresa en la ‘Hoja de ruta de la industria catalana del cemento para conseguir la neutralidad climática en 2050‘. En esta línea, se ha trabajado también conjuntamente con Anna Barnadas, secretaria de Acción Climática, y Mireia Boya, directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat, que se han mostrado dispuestas a avalar con las medidas correspondientes esta implicación del sector en la protección de los medios natural y ambiental.