La ciudadanía española sitúa el impulso de la sostenibilidad en la edificación como el objetivo número uno para acelerar, desde una visión social, la lucha contra la crisis climática. Así queda patente en el documento remitido por la Asamblea Ciudadana para el Clima (ACC) al Gobierno de España, en el que se recogen 172 sugerencias divididas en cinco áreas: consumo, alimentación y uso del suelo; trabajo; ecosistemas y comunidad; salud y cuidados.

Esta Asamblea, concebida desde su origen —en enero de 2020— como un foro de participación ciudadana independiente, aleatorio y representativo, busca que los ciudadanos se informen, reflexionen y generen consensos en torno a las grandes transformaciones que necesita España para lograr la neutralidad climática antes de 2050. “El trabajo en este foro para lograr un país más resiliente, justo y solidario frente a la emergencia climática es muy valioso y lanza el mensaje claro de que la responsabilidad de la descarbonización recae sobre todos”, afirma Dolores Huerta, directora general de Green Building Council España (GBCe).

En este sentido, Huerta ha aludido a la ‘Hoja de ruta’ para la descarbonización total de la edificación en España —enmarcada en el proyecto #BuildingLife—, donde se reclama a las administraciones públicas que pongan “al ciudadano en el centro”, lo que implica activar la responsabilidad social e individual, fomentando estilos de vida descarbonizados: “La transición de la edificación hacia la sostenibilidad es indisociable de la participación ciudadana, por lo que prácticas de democracia participativa como esta Asamblea, que permiten escuchar a la ciudadanía, deben ser el camino habitual a seguir”, resalta Huerta.

España necesita llegar hasta los 10 millones de rehabilitaciones de viviendas principales en las próximas tres décadas para cumplir su compromiso de cero emisiones de carbono para 2050, según la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESSE). Para lograr este objetivo, es necesaria una inversión anual de 7.500 millones de euros. No obstante, la Asamblea identifica que “el proceso de rehabilitación es todavía complicado para la ciudadanía, hay poca información y mucha burocracia”.