Aplicación de la normativa de intervención integral

Albert Avellaneda Bargués
Jefe de la Sección de las Mejores Técnicas Disponibles
Dirección General de Calidad Ambiental,
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda
Generalitat de Catalunya

Xavier Carbonell Sánchez
Jefe de la Sección de Control e Inspección de Actividades
Dirección General de Calidad Ambiental,
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda
Generalitat de Catalunya

Teresa Ferrer Escolá
Responsable de Datos Ambientales de Actividades
Dirección General de Calidad Ambiental,
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda
Generalitat de Catalunya

En el mes de febrero de 1998 el Parlamento de Catalunya aprobó la ley 3/1998 de la intervención integral de la administración ambiental, la cual entró en vigor en el mes de junio de 1999 afectando, aproximadamente, a 82.000 establecimientos con actividades industriales, ganaderas y de servicios. Dicha ley fija un nuevo régimen de intervención administrativa de las actividades con incidencia ambiental, en línea con lo dispuesto en la directiva 96/61/CE de prevención y control integrados de la contaminación. Los 21 establecimientos del sector del cemento ubicados en Catalunya quedan plenamente afectados por dicha normativa, la cual gradúa la intervención administrativa en función de la incidencia ambiental de las actividades. Así de los 21 establecimientos 10 se clasifican en el anexo I (autorización ambiental del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda) y 11 en el anexo II.1 (licencia ambiental del ayuntamiento con informe integrado preceptivo del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda).

Este nuevo régimen y la coyuntura económica de los últimos años (1997-2003), han permitido una considerable inversión ambiental del sector en Catalunya (22,3 millones de e ), destinada mayoritariamente a la reducción de emisiones de partículas a la atmósfera procedentes de fuentes difusas. En este marco, el año 2002 se firmó un ‘Convenio de colaboración para la prevención y el control de la contaminación entre el Departamento de Medio Ambiente y la Agrupación de Fabricantes de Cemento de Catalunya’ en el cual se fijan objetivos alineados con la aplicación de las mejores técnicas disponibles adoptadas por la Comisión de la UE. Igualmente, 10 establecimientos del sector, en Catalunya, quedan afectados por la decisión 2000/479/CE, relativa al Registro Europeo de Emisiones Contaminantes (EPER) y 8 por la directiva 2003/87/CE, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. (…)