Sentido común en la gestión de las obras públicas

Ignacio García-Arango
Ingeniero de Caminos

La epidemia de abandonos de obras y la oleada de muertes de empresas que vivimos me traen a la mente estos versos: «Oigo, patria, tu aflicción, / y escucho el triste concierto, / que forman, tocando a muerto, / las víctimas de la falta de gestión». La víctimas somos todos, humanos y tierras, los que sufrimos la esterilidad de la inversión pública. La gestión es la del Estado e implica a los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Desde hace un tiempo, los contratos de las administraciones se adjudican, dada la precaria situación económica y los continuados años de escasa licitación pública, con precios cada vez más bajos e irreales. En consecuencia, cada día se paralizan más obras y se produce más ruina. La causa es que no se legisla para que los contratos cumplan su fin, sino para mayor gloria de la burocracia y de la imagen de los políticos. Ello es fruto de otra irracionalidad estratégica: reducir la inversión pública en vez de eliminar el despilfarro y la mala organización administrativa. Ese desastre no es normal, ni pasa en la empresa, ni en otros países.

La empresa busca lo mejor, que no coincide con lo más barato, y sobre esa base desarrolla todo el proceso. En su plantilla tiene a los mejores profesionales, no a amigos. Si aborda una obra, emplea tiempo y dinero para tener lo más económico, no lo aparentemente más barato, pues no pretende engañar a nadie. Obviamente, siempre actúa con control económico y de acuerdo a derecho. En resumen, actúa en el libre mercado de la manera más eficaz.

Los Estados, por defender el interés público, deben acentuar las precauciones. Además, han de velar por la transparencia, la libertad, la igualdad en el mercado y la vida sana de las empresas, que son de sus ciudadanos. Muchos países lo han entendido así y tienen un sistema competitivo, transparente y ágil. Por ello, hacen buenos proyectos y los construyen bien, lo que exige profesionales capacitados; nunca contratan la obra sin valorar adecuadamente las ofertas recibidas, lo que significa adjudicar a lo mejor, no a lo irrealizable; durante la construcción, se aplica un sistema riguroso –técnica, jurídica y contablemente– que, a la vez, resuelve con agilidad los avatares que en toda obra se producen. (…)